1. Un fallo histórico contra la opacidad.

La Sección Quinta del Consejo de Estado acaba de eliminar el último resquicio legal que permitía ocultar los Consejos de Ministros. Con este fallo, la Ley 63 de 1923 – usada por un siglo como excusa para el secretismo- queda definitivamente superada por el principio constitucional de publicidad.

La decisión desmonta el absurdo argumento de que estas reuniones debían ser secretas “por mandato legal”. Era, en realidad, un abuso interpretativo que permitía a gobiernos de todos los signos políticos (desde conservadores hasta progresistas) evadir el escrutinio público.

Ejemplo emblemático: En 2020, durante el escándalo de los sobresueldos en el Congreso, se esgrimió esta misma ley para negar acceso a actas de reuniones clave. Hoy, ese tipo de opacidad sería inadmisible.

2. Triunfo ciudadano (con matices)

No es coincidencia que esta sentencia coincida con el momento en que el presidente Gustavo Petro ha enfatizado la necesidad de un gobierno abierto, enfrentándose recurrentemente a las arraigadas prácticas del establishment que favorecen la toma de decisiones opaca.

Con este fallo, se elimina cualquier posibilidad de silenciar al Ejecutivo mediante interpretaciones distorsionadas de la ley. Ahora, los Consejos de Ministros podrán transmitirse públicamente, permitiendo a la ciudadanía presenciar directamente qué posturas defienden, qué temas debaten y a qué intereses responden realmente los titulares de las carteras ministeriales.

Pero más allá de coyunturas políticas, el fallo:

Ratifica lo dicho por la Corte Constitucional: la transparencia es un deber, no una opción.

Obliga a los ministros a debatir bajo el escrutinio ciudadano.

Equilibra publicidad con responsabilidad: seguridad nacional y datos sensibles seguirán protegidos.

3. El desafío: EVITAR QUE SEA LETRA MUERTA

El verdadero desafío es asegurar que esta sentencia no se convierta en letra muerta. No podemos permitir que, en los próximos días, algún funcionario intente buscar nuevos vacíos legales para mantener prácticas de opacidad. La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información y los gobernantes, el deber de garantizarla.

Hoy celebramos este avance, pero mañana debemos vigilar su cumplimiento. Porque la democracia no se consolida tras puertas cerradas, sino en el espacio público, bajo el escrutinio de todos.

La historia colombiana está llena de buenas sentencias incumplidas. Para que esto no ocurra:

 Los medios deben exigir acceso real (no solo transmisiones editadas).

 La ciudadanía podría monitorear plataformas como Urna de Cristal.

 La Procuraduría deberá sancionar a quien intente revivir el secretismo.

Conclusión: Luz sobre el poder

Valorar este fallo no significa abogar por una transparencia absoluta e irreflexiva. Hay límites necesarios: temas como la seguridad nacional o la protección de datos personales exigen manejo prudente. El equilibrio estará en maximizar la publicidad sin vulnerar el interés colectivo.

Este fallo no es solo una victoria jurídica: es un cambio cultural. Cuando las decisiones se toman a la luz pública:

Los abusos se hacen visibles.

La confianza institucional crece.

La democracia se fortalece.

El poder ya no tendrá dónde esconderse.

El reto ahora es simple: vigilar, exigir y no dar un paso atrás. ¡Menos secretos, más transparencia!

FERNANDO GARCIA CACERES – Administrador de Empresas – Especialista en Gestión Pública & Alta Gerencia. –  Nota: “las opiniones expresadas en ésta columna de opinión solo obedecen a su autor y no representan la línea editorial de Casanari PRENSA”.